No es el mejor momento hoy viernes para poner esta noticia pero hay veces que se tiene la tendencia de culpar a la victima por no denunciar el maltrato y aguantar. Parece que el separase de un maltratador es fácil y quien no lo hace es pq le va la marcha de alguna manera.

Os pongo esta noticia que me ha enviado una amiga.

Ningún juez responderá por el caso del doble crimen de Alovera
El Poder Judicial culpa de las disfunciones y retrasos a una funcionaria
MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 05/06/2008


La argentina Sylvina Bassani era muy consciente de que su vida corría peligro. Su ex marido, sargento del Ejército, la acosó y persiguió durante dos años. Ella llegó incluso a trasladarse de provincia (de Madrid a Guadalajara) para huir de él. Finalmente, la encontró, le pegó un tiro a ella, otro al hombre con el que vivía y se suicidó. Todo ocurrió delante del hijo del asesino y la víctima, de cuatro años, el 10 de abril de este año. Bassani había pedido ayuda muchas veces. Había comunicado en una veintena de escritos que el militar estaba quebrantando la orden de alejamiento impuesta en septiembre de 2006.
Una juez denegó todas sus peticiones en abril del año siguiente, incluyendo la prisión provisional del hombre y que se le realizara una prueba psiquiátrica. Y un escrito en el que se pedía que se preguntara al Ministerio de Defensa si el agresor tenía armas -tenía una que utilizó el día del crimen- ni siquiera fue contestado. Pero, a pesar de esto último, la Comisión Permanente del Poder Judicial decidió ayer por unanimidad archivar el caso y eximir de responsabilidad disciplinaria a los jueces. Y culpan de los retrasos en la tramitación, sobre todo, a una funcionaria. ¿Ninguno de los cuatro jueces que se encargaron del caso tuvo nada que ver en el desaguisado ni debe responder por ello? Según lo que se desprende de la información del propio informe de CGPJ, sí existen algunas actuaciones cuestionables.
El encargado de llevar el caso de Sylvina fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cinco de Torrejón de Ardoz (encargado de la violencia de género y del caso de Sylvina), un órgano sobrecargado y cuya situación era desastrosa, como había determinado el Consejo General del Poder Judicial por una inspección llevada a cabo en julio de 2007. Durante los meses que duró la tramitación del procedimiento penal de Sylvina contra su ex marido (desde septiembre de 2006 hasta su asesinato en abril de 2008) pasaron por él cuatro jueces, dos titulares y dos sustitutos. Pero, según el CGPJ, los responsables del desastre generalizado no fueron ellos sino una funcionaria que no había tramitado varios escritos de la víctima.
Pero, aunque esta funcionaria -de la que se dice falsamente que carece de la "más mínima formación jurídica", ya que es licenciada en Derecho- haya cometido varias negligencias, el trabajo de los magistrados no fue impecable. Gemma Susana Fernández -que intervino en el caso desde el 26 de marzo hasta el 10 de diciembre de 2007-, tomó decisiones más que discutibles. La primera tiene que ver con la organización del juzgado. Si era evidente que esta funcionaria era incompetente, ¿por qué se le encomendaron los sensibles expedientes de violencia de género? ¿No tiene la juez ninguna responsabilidad por haberlo permitido? Ese juzgado tramita también otros temas civiles y penales, por lo que se le podrían haber atribuido asuntos menos delicados.
En segundo lugar, la juez Fernández jamás contestó a la petición del abogado de la víctima de que se oficiase al Ministerio de Defensa para saber las armas de que disponía el acusado. El sargento tenía una Smith&Wesson del calibre nueve milímetros que no aparecía en la base de datos de la Guardia Civil. No era un arma reglamentaria sino que la había adquirido de forma privada con su tarjeta de suboficial del Ejército. En una resolución de abril de 2007 en la que la juez denegab